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La defensa constitucional de la unidad nacional, el art. 155 CE: ¿solución al conflicto separatista?

Celebración del día de la Hispanidad en Barcelona | vozpopuli.com

Al someter a un razonamiento lógico y meramente objetivo a las circunstancias políticas y sociales que vienen aconteciendo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, a la vista del desafío secesionista planteado por los partidos políticos y parte de la sociedad civil, lo primero que puede sorprender es el hecho de que los promotores del separatismo se sirvan de los propios instrumentos que les proporciona el Estado de Derecho, amparados en las libertades que el mismo les garantizan, para procurar el quebranto del propio Estado de Derecho.

Si bien es cierto que no sería la primera vez que España sufre una quiebra radical en su configuración política desde la legalidad vigente, en este caso es bien distinto, en tanto que lo que realmente está en juego es la propia realidad de España.

El actual Ejecutivo parece haber desistido de combatir la amenaza rupturista desde las ideas y el esfuerzo pedagógico –cuando precisamente dicha amenaza trae causa de una manipulación pedagógica puesta en práctica desde hace casi cuarenta años–, amparándose exclusivamente en el respeto a la Ley, lo cual supone ni más ni menos, someter al relativismo de las Leyes la propia existencia de la Patria; craso error el del Gobierno, pero aún dando por bueno el planteamiento legalista, ¿se han adoptado todas las medidas que el ordenamiento jurídico prevé para una situación de desobediencia institucional como la que nos ocupa? La respuesta debe ser negativa, pues la Constitución en su artículo 155 expresamente prevé la posibilidad del Gobierno para compeler a las Comunidades Autónomas a cumplir y respetar el mandato constitucional.

Efectivamente, el citado artículo prevé un mecanismo de control gubernamental para garantizar el principio de supremacía constitucional, llegado el caso de que una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que las Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España. Este precepto constitucional, se configura como un mecanismo de control político –no jurídico– de constitucionalidad en manos del Gobierno, de las medidas que pueda adoptar una Comunidad Autónoma, sometido en cualquier caso a un control jurisdiccional posterior por parte del Tribunal Constitucional sobre la medida adoptada, toda vez que determinar la constitucionalidad o no de una media resulta ser una materia reservada a dicho Tribunal ex Art. 1.1 de la LOTC.

Ahora bien, el Art. 155 CE, inspirado en el Art. 37 de la Ley fundamental de Bonn –a la sazón Ley elemental que rige un estado marcadamente federal que algunas corrientes políticas proponen como solución pactada a la controversia– en ningún caso prevé la disolución de la Autonomía ni la subrogación del Gobierno en las funciones de ésta, sino una medida de control puntual, que pudiera venir justificada por la urgencia o por los graves e irreparables perjuicios que de no adoptarse pudieran producirse.

Para activar el mecanismo de control previsto por el Art. 155 CE, es preciso observar el procedimiento regulado por en el propio precepto, que puede entenderse dividido en dos partes, una primera de carácter gubernamental y una segunda de carácter senatorial. Así, en primer lugar, para iniciar el procedimiento es necesario un Requerimiento por parte del Gobierno al Presidente de la Comunidad Autónoma. En segundo lugar, el Gobierno para poder adoptar la medida, debe someter la misa a debate en el Senado, precisando la aprobación por mayoría absoluta de la Cámara.

La tramitación de este procedimiento ante la Cámara Alta viene regulada a su vez, en el Art. 189 del Reglamento de Senado, según el cual el Gobierno presentará ante el Presidente del Senado un escrito –que no se requiere que tenga forma de Ley y por tanto la medida resultante tendría la consideración de un acto no legislativo– en el que se ponga de manifiesto el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haber cumplido con el requisito del requerimiento anteriormente expuesto; este escrito será remitido a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que podrá hacer acopio de datos y alegaciones, pudiendo dar trámite de audiencia a la Comunidad afectada, para posteriormente formular una propuesta razonada sobre la procedencia o no de la medida adoptada y en su caso introducir las modificaciones que estime oportunas sobre las medidas a adoptar. Finalmente, la propuesta será sometida a debate, con intervención de los Portavoces de los Grupos parlamentarios que lo soliciten, concluido el cual, se someterá la medida a votación, debiendo ser aprobada por mayoría absoluta de los Senadores.

A la vista del tenor literal del Artículo 155 CE, podríamos entrar a discutir sobre qué puede considerarse “interés general” a los efectos de justificar la adopción de esta medida de coerción estatal, pero tratándose de la indisoluble unidad de la Nación española (Art. 2 CE), entiendo huelga cualquier tipo de reflexión o interpretación al respecto.

Por lo tanto, el Gobierno tiene a su alcance el instrumento para poner fin a los devaneos soberanistas, dando por terminada una agresión a la soberanía nacional, al Estado de Derecho y por supuesto a la Patria común e indivisible de todos los españoles. Pero no nos engañemos, esta medida, y sin entrar a valorar las consecuencias políticas que se derivasen de su adopción, no supondría más que una medida con una finalidad meramente sintomática o paliativa, que pondría fin a una funesta manifestación puntual del agónico padecimiento del que adolece España.

Efectivamente, la solución al problema en torno a la realidad política, social y cultural que compete a nuestra nación no reside en un artículo concreto de la Constitución, ni tan siquiera en todo el ordenamiento jurídico globalmente considerado, sino que reside en el convencimiento y la educación –no adoctrinamiento–, de manera que aprendamos a valorar que los españoles nos encontramos vinculados por un destino histórico de trascendencia universal que se ha venido poniendo de manifiesto durante siglos, en el que tienen cabida todas las sensibilidades y peculiaridades de cada unos de los pueblos que componen y enriquecen España.

La defensa de esa común unión nacional, no es una tarea que pueda ser abarcada en el “cortoplacismo” que marca los tiempos de la política moderna, sino que debe entenderse como una labor superior, insoslayable e irrefutable, al margen de legislaturas y colores políticos. Pues así, con la misma visión histórica y trascendental, es como se han tomado los nacionalismos la labor de adoctrinar mediante la mentira y la manipulación a generaciones y generaciones de ciudadanos, que con el pensamiento único insaculado están llamados a votar en un ejercicio de manifiesta perversión democrática.

La unidad de España debe configurarse como elemento sine qua non y presupuesto innegociable del Estado de Derecho, y es labor de los gobiernos educar, sin complejos y con el mismo empeño que lo han hecho los nacionalismos, a las futuras generaciones de españoles en este principio, para lo cual urge un replanteamiento centrípeto del mal entendido estado de la Autonomías. Sólo entonces podremos empezar hablar de solución al problema que constante y reiteradamente plantean los nacionalismos.

 

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