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Las Antillas y los debates jurídicos en España (siglo XVI)

Como es bien conocido, durante la conquista y anexión del archipiélago antillano es cuando se tiene por primera vez un contacto directo con las poblaciones indígenas. Éstas tenían un desarrollo cultural que podría calificarse de neolítico, con un sistema económico de caza y recolección y con estructuras sociales aún primitivas.

El desarrollo de los acontecimientos está sobradamente estudiado y expuesto en numerosas publicaciones, si bien es necesario señalar algunos aspectos importantes. Por un lado, está la actitud propia de los españoles, que advirtieron rápidamente que se encontraban ante pueblos con un escaso desarrollo cultural y tecnológico, algo que no era nuevo para ellos pues la conquista de las Canarias era aún reciente. Por otro, el talante del propio Cristóbal Colón, primer virrey en América por las Capitulaciones de Santa Fe (1492), cuyo objetivo era convertir lo que después sería la isla de La Española en una factoría comercial (de clara inspiración portuguesa), no favoreció el buen comienzo en este primer contacto entre españoles e indios, pues rápidamente esclavizó a unos cuantos naturales y los envió a la Península.

No obstante, se encontró con la actitud de la reina Isabel que no vio con buenos ojos que se hubiera esclavizado a estos indios, y mandó su inmediata puesta en libertad y su devolución a las Indias. Estas dos maneras contrastan claramente: por un lado, la intención del Almirante no era sino sacar el máximo provecho económico de las nuevas tierras descubiertas, por otro se reveló que los Reyes Católicos no estaban dispuestos a convertir en simple factoría comercial estas nuevas islas, sino que pensaban en un poblamiento permanente y estable. Se enfrentaban aquí dos modelos de colonización, el portugués y el español, éste último con dos claros preferentes en la conquista del Reino de Granada y de las Islas Canarias.

Como era de esperar, ambos modelos chocaron irremediablemente pues eran incompatibles, y finalmente se impone el criterio de los monarcas, que aprovechan el desprestigio que para esos años ya tenía Colón merced de su poco acierto en el gobierno de La Española. Pero además del modelo propicio de colonización aparece un nuevo debate que sacudirá los cimientos del Derecho castellano debido a la profunda revisión que del mismo tiene lugar. El desencadenante será la existencia de esta población nativa, de la que no se tenía conocimiento hasta entonces y que abrirá un larga discusión entre los intelectuales y teólogos, que debatirán primeramente sobre si dicha población podría considerarse “humana” o no y, una vez acordada su humanidad (la sanción definitiva la dará el Papa Paulo III en la bula Sublimis Deus), se discutirá sobre el trato que se les debe dar. Además, debido a los abusos y desfases cometidos por los colonizadores y conquistadores, el debate girará en torno a si los peninsulares tenían derecho a establecerse en esas nuevas tierras.

Nos referimos, obviamente, al debate sobre los Justos Títulos cuyo máximo exponente será el padre Vitoria, pero que incumbirá a otros personajes cuyo peso intelectual será muy importante en la España de entonces. Dicho debate ha sido ampliamente estudiado y comentado en muchos estudios, pero las conclusiones son cuanto menos capitales para entender la legislación que se aprobará y que afecta directamente a las relaciones hispano-indígenas. Resumiendo, los Justos Títulos son como siguen: derecho a la comunicación natural entre los pueblos, sin que tuviera lugar necesariamente una dominación de una parte sobre otra; derecho a la propagación de la fe cristiana, que preferiblemente sería pacífica; la obligacion de protección de aquellos naturales que hayan aceptado el cristianismo frente a los infieles; la obligación de proteger a aquellos que hubieran aceptado a los reyes de España como señores suyos; el respeto y cumplimiento de las alianzas con los pueblos con los que se hayan establecido dichos acuerdos y, finalmente, la preeminencia del “hombre prudente” sobre el bárbaro, de clara inspiración aristotélica.

No obstante, ésta no era la opinión mayoritaria entre los pensadores de la época. Otros concluirán que, como bárbaros e infieles que son, carecen de dominium sobre la tierra y bienes que poseen, lo que deja el camino expedito a que los españoles hagan y deshagan a voluntad; entre estos destaca Juan López de Palacios Rubio, el famoso redactor del Requerimiento, del que hablaremos más adelante.

Palacios Rubio es heredero de pensadores medievales como Juan Wycliffe (1324-1384) y Enrique de Susa (†1271), que entienden que la supremacía de la Sede Romana incluía todas las tierras y todos los bienes, por lo que el Papa podía reclamar estas tierras o bienes de infieles o también cederlas a un rey cristiano, siendo su voluntad inapelable.

Otro intelectual, el escocés Juan Maior, creía que el dominium no se basaba en la fe ni en la caridad, sino en títulos de derecho natural, por lo que el infiel puede tener libertad, propiedades y jurisdicciones. Esta línea de pensamiento está en consonancia con la que estableció ya Inocencio IV (†1254), que defendió que la Creación se hizo para todas las criaturas racionales, por lo que los infieles sí que tenían derecho a poseer bienes y tierras, no obstante, el Papa establece que como Pontífice Máximo tiene potestad de derecho, que no de hecho, sobre todos los hombres, un pensamiento que también defenderá Santo Tomás en la Suma Teológica.

Así pues, con este debate resonando en el espectro intelectual español, a la Corona no le queda más que tomar las riendas de la situación, que amenazaba con estancarse sine die. Impulsa una reunión de dichos intelectuales en 1512, en la que se conocerá como Junta de Burgos, ésta se había convocado tras las alarmantes noticias acerca de la explotación y malos tratos a los que eran sometidos los naturales, noticias que son difundidas principalmente por los dominicos, con fray Bartolomé de las Casas y fray Antonio de Montesinos como principales representantes. Las conclusiones de dicho debate darán lugar a unas primeras Ordenanzas en las que se pretende poner coto a las actuaciones de los colonizadores, buscando delimitar sus atribuciones, así como definir los derechos y deberes de los nuevos súbditos indianos. A esta junta seguirá la de Valladolid (1513) y Madrid (1516) que vendrán a complementar las ordenanzas anteriormente aprobadas y que revelan de forma evidente los límites que la Corona pretendía imponer sobre los encomenderos y pobladores de América.

Se hacía necesario, a raíz de esta primera legislación, informar a las comunidades indias que las huestes se fueran encontrando que tenían posibilidad de aceptar el dominio de los reyes españoles así como la religión que éstos profesaban sin necesidad de enfrentamiento bélico. Se establecía que de primeras debía haber un ánimo “pacifista” y una actitud de diálogo abierta, entendiéndose que de esta forma los indios aceptarían de buen grado la dominación de los peninsulares, evitándose la guerra.

Así pues, se le encarga a Palacios Rubio la redacción de un documento que informara a los indios sobre la posibilidad que tenían de aceptar el dominio de la Corona y la religión católica de forma que, si aceptaban, se les respetarían sus vidas, bienes, tierra y familia. Este documento será conocido como el Requerimiento, que empieza a utilizarse en 1514 en la tierra del Darién, y que será obligatorio para todas las expediciones de exploración y conquista que se proyecten a partir de entonces desde la Península.

Aunque la intención del uso de este documento fuese el intentar delimitar los abusos de los miembros de las huestes, procurando una incorporación pacífica de los pueblos indios, lo cierto es que en su aplicación se cometieron toda clase de desfases, convirtiéndose en una excusa para hacer la guerra a los indios bajo una supuesta legalidad.

Es necesario señalar que, a pesar de que se oficializa en 1514, la acción de requerir no era una novedad. Ya en las Canarias se había requerido a los guanches que aceptasen la soberanía castellana, pero en 1514 es cuando se convierte propiamente en un documento oficial, apareciendo desde entonces en las instrucciones que la Corona procuraba a los capitanes de las huestes.

Uno de los aspectos más interesantes del Requerimiento es sin duda la actitud que de dicho documento rezuma, pues en su propósito explicativo se adivina cierta actitud de superioridad y paternalismo pero, a su vez, la intención profunda era la agregación de los indígenas a la Corona como vasallos, intentando ahorrarles los sufrimientos de un enfrentamiento con las armas que acabara en una anexión por la fuerza. Se trata, por tanto, de una consideración hacia el indio inexistente, por ejemplo, en los enfrentamientos que los castellanos tuvieron con los musulmanes nazaríes pocos años atrás.

 

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